11 Ago El mito del Gómez liberal

Leonardo Osorio Bohórquez

La historiografía venezolana ha construido muchos mitos y errores de interpretación, en parte por no manejar adecuadamente las teorías y recursos conceptuales. Es el liberalismo una de las ideas más tergiversadas e incomprendidas. Entendido como sistema de gobierno que favorece derechos individuales y limita las competencias del Estado, así como promueve libertades económicas fundamentales para la prosperidad de los ciudadanos.

En el caso venezolano, la tesis de un Estado limitado y una economía de libre mercado no se ha aplicado realmente de forma efectiva en ninguna época histórica. El principio de la seguridad y la defensa de los individuos ha sido poco practicado, pese a lo planteado en los primeros textos constitucionales. En determinados contextos, si ha habido un clima de mayor libertad.

De esa forma llegamos al caso de Juan Vicente Gómez, calificado por Manuel Caballero como el tirano liberal, aceptando que si bien no había mayores libertades políticas producto de un gobierno represor, por lo menos si existía un amplio espacio para la libertad económica.

Recientemente en mi tesis doctoral defendida, titulada “Poder y Negocios en la Consolidación del Estado venezolano”, aprobada en la Universidad del Zulia, muestro como en realidad el Estado en tiempos de Gómez fue mucho más interventor en materia económica de lo que la historiografía ha reconocido.

En primer lugar, como es común dentro de contextos autoritarios, no existe una libre competencia ni igualdad ante la ley, por ello,  las industrias favorecidas, ya sea en el área petrolera, manufacturera, agrícola, financiera o de transporte, se les otorgaba beneficios en función de sus alianzas o vínculos políticos.

Es difícil hablar de libertad económica o de la existencia de un modelo liberal cuando es el Estado quien se encarga de distribuir beneficios y contratos a sectores vinculados con las autoridades. Esto es lo que predominaba en la época mercantilista, y fue una de las críticas más fervorosas realizadas por Adam Smith en su libro sobre la Riqueza de las Naciones.

La libre competencia favorecía la prosperidad económica, mientras que cuando el Estado favorecía ciertas industrias y las protegía de la competencia, se fomentaba la consolidación de empresas ineficientes y monopolios. En Venezuela realmente esto fue una constante histórica, los gobernantes asignaban privilegios en función de las alianzas políticas.

Comúnmente la historiografía ha construido el mito de la sumisión de Gómez con el capital nacional e internacional, pero esto no fue así en la práctica. Si bien ciertamente hubo mayor apoyo a las empresas privadas, sobre todo luego de la relación antagónica permanente durante el gobierno de Castro, con política fiscales flexibles y mayor respeto a la propiedad, no dejó de haber fricciones ante determinadas coyunturas.

En el caso petrolero fue común las disputas y los intentos cada vez más interventores del Estado por mediar en las protestas de los trabajadores, o incrementar el pago de los impuestos de forma paulatina en la medida que el negocio petrolero comenzaba a adquirir mayor relevancia.

En otras áreas de la economía se da una situación muy similar, es un Estado que comienza a consolidarse y a asumir nuevas funciones como promotor del progreso de acuerdo a la lógica positivista. Cuando la situación lo ameritaba, tomaba decisiones que no eran bien recibidas por los capitales.

Las coyunturas producto de la primera guerra mundial y la Gran Depresión de 1929, hizo que el Estado asumiera una política proteccionista e interventora para evitar el malestar social o cierta inestabilidad política. Debió aumentar los impuestos o negar solicitudes de exoneración fiscal para equilibrar el presupuesto de la Nación. Esto por supuesto provocó las quejas de los sectores mercantiles que también se vieron afectados ante las crisis internacionales.

Cuando hubo escasez de bienes y aumento de la demanda debido al auge petrolero, Gómez instó a las autoridades regionales a establecer controles de precios para evitar el alza “injustificada” de los productos de primera necesidad. Esto fue notorio en el caso del estado Zulia y en otras regiones del país.

Había gran variedad de alimentos que constituían el consumo recurrente y eran declarados como artículos de primera necesidad entre los zulianos.  Para proteger el consumo de esos alimentos, el gobierno del estado Zulia procedió a penar el acaparamiento de esos artículos:

Los artículos de primera necesidad no pueden ser objeto de acaparamiento para revenderlos a altos precios que hagan su adquisición onerosa para las clases consumidoras, ni tampoco ser motivo de remates, contrato o cooperativas que constituyan exclusivos o privilegios y que atiendan al acaparamiento por unos pocos, de determinados artículos para constituir su expendio en una especie de monopolio, que va en perjuicio, tanto de las clases productoras como de las consumidoras.[1]

Se condenaba el acaparamiento y se responsabilizó a los revendedores de la escasez y aumento de precios en la región. La finalidad de esos reglamentos era establecer cada vez más controles sobre la venta de productos. Se ve un gobierno que decide proteger a los consumidores y la clase “proletaria”, en detrimento del abuso cometido por los “especuladores” y “acaparadores”.

El libre juego entre la oferta y la demanda es un principio básico del liberalismo, que fue notorio como Gómez no llevó a la práctica. Si bien esa regulación fue practicada de forma intermitente a lo largo de sus años de gobierno, no fue por ello menos benigna, los grupos empresariales representados en la Cámara de Comercio de los estados manifestaron sus desacuerdos con tales medidas que solo agudizaban el problema de la escasez y aumento de precios.

No había un Estado que dejara a la autorregulación del mercado la solución de los problemas económicos.  Fueron relaciones multidireccionales entre gobierno nacional, autoridades regionales, sectores privados diversos y sociedad en general. Nunca hubo una estructura de poder socio-económica y política compacta, fue más evidente una realidad entretejida dentro de la existencia de múltiples sectores económicos con intereses diversos que generaban disputas por los privilegios asignados por las autoridades. Un Estado que lejos de ser liberal, intervino constantemente en la economía.

Referencias

[1] Reglamento de ley de mercados públicos dictada por el presidente del estado Zulia. 7 de julio de 1932.  Decretos y resoluciones del estado Zulia. 1931-1934.

Imagen: Juan Vicente Gómez