14 Jun Venezuela a la deriva: El dilema de votar o no votar en las elecciones parlamentarias
Leonardo Osorio Bohórquez
Recientemente el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela declaró la omisión administrativa por parte de la Asamblea Nacional por no nombrar al nuevo Consejo Nacional Electoral, ante tal situación, el TSJ se atribuye tal potestad. No es el interés de este trabajo entrar en discusión sobre la obvia ilegalidad de tal proceder, algo natural dentro de todo gobierno de corte totalitario.
El chavismo ha actuado al margen de la ley e impuesto su voluntad desde la llegada de Chávez al poder, en la medida que se consolida aumenta la arbitrariedad en su toma de decisiones. Por tanto, no hay ninguna novedad, es necesario conocer cómo funciona la ley dentro de los contextos totalitarios, para entender el sentido de las acciones aplicadas por el régimen.
El control de los poderes públicos es clave para la permanencia en el poder del oficialismo. La Asamblea Nacional elegida en el 2015 donde los partidos opositores obtuvieron mayoría absoluta, nunca pudo ejercer realmente sus funciones administrativas, el gobierno en reiteradas oportunidades declaró en desacato a esa Asamblea bajo diferentes artilugios jurídicos.
Ya el Tribunal Supremo había declarado legal la junta directiva dirigida por Luis Parra, dejando sin efecto la presidencia de ese organismo por parte de Juan Guaidó. Que el TSJ ahora declare omisión administrativa a un órgano que en sí no reconoce no deja de tener contradicciones legales, pero mantiene la coherencia de las estrategias políticas del chavismo de permanencia en el poder.
En este sentido deben entenderse siempre las medidas que toman los poderes públicos al servicio del gobierno. Pretenden efectuar unas elecciones parlamentarias este año con todas las condiciones favorables para el oficialismo. De hecho, la mayoría de los partidos opositores están ilegalizados ante el CNE. Recientemente se propuso declarar al partido Voluntad Popular como una asociación terrorista, ese es el partido al cual pertenece Juan Guaidó.
Toda esta serie de medidas son un claro indicativo de que el gobierno avanza en la consolidación de su proyecto totalitario que algunos optan por llamar de manera algo confusa como autoritarismo hegemónico,[1] ya que la palabra competitivo luce desfasada ante los recientes procesos electorales. Pero es no entender la naturaleza del chavismo, nunca ha permitido el juego institucional.
Lo cierto es que la oposición no ha tenido capacidad real de ejercer funciones de gobierno aun cuando ha logrado ganar espacios políticos por medio de procesos electorales, los protectores de estado nombrados cuando gana un gobernador de oposición, así como arrebatos de competencias a los poderes locales han sido los mecanismos utilizados para garantizar la hegemonía del chavismo.
El pueblo opositor ha votado en diferentes oportunidades a lo largo de los años, de esa manera los partidos políticos contrarios al gobierno llegaron a conquistar las gobernaciones y alcaldías de los estados más importantes del país, así como la muy conocida mayoría parlamentaria lograda en el 2015. Pero no se pudo lograr el objetivo principal por los bloqueos institucionales aplicados por el gobierno.
Por ello ya no se cree en el poder del voto para lograr cambiar el sistema político venezolano. Lo ocurrido en el 2017 fue el punto de quiebre, primero el chavismo aprueba la Asamblea Nacional Constituyente como una institución paralela al parlamento venezolano, y luego esa misma Asamblea adelanta el llamado para las elecciones regionales.
El dilema es que la oposición no participa electoralmente en el llamado a elegir los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente por ser inconstitucional, y luego ese mismo órgano llama a nuevas elecciones regionales. Algunos partidos acudieron a la cita electoral con la excusa de no ceder espacios, al final solo 4 gobernaciones lograron ser ganadas por la oposición.
La población no entiende ese mensaje, se protestó por lograr la salida de Maduro y en contra de la convocatoria ilegitima a una Asamblea Nacional Constituyente, para luego participar en unas elecciones regionales convocadas por ese mismo organismo, ante el cual debieron juramentarse los gobernadores electos. El descontento y desesperanza era algo natural sobre todo ante la progresiva agudización de la crisis. En el 2018 el gobierno convoca a elecciones presidenciales sin firmar un acuerdo de garantías con la oposición, por lo cual los principales partidos opositores no participaron para no legitimar el fraude.
En ese entonces el argumento era precisamente la falta de garantías, entre ellas un Consejo Nacional Electoral parcializado a favor del gobierno, abuso de los recursos del Estado para financiar las elecciones, chantajes y presiones a los funcionarios públicos, no actualización del registro electoral, falta de trasparencia en el proceso de conteo de votos, entre otras irregularidades.
Ahora nuevamente el gobierno va a convocar elecciones parlamentarias para finales de este año con prácticamente las mismas condiciones, con un CNE nuevamente parcializado y elegido a su conveniencia. El dilema votar o no votar vuelve a ponerse en la palestra pública con apasionadas posiciones encontradas.
Indudablemente la falta de estrategia política clara ha sido una de las causas principales de no haber podido salir del chavismo hasta ahora, enfrentarlo con medidas convencionales que siempre han girado en torno al voto, marchas o diálogos no ha traído hasta ahora los resultados esperados.
El actual presidente interino Juan Guaidó trazó la ruta del cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Sí sé es coherente con esos objetivos, no se puede ahora plantear ir a unas elecciones que no serán libres, y no van a implicar un cambio de gobierno. El chavismo ya ha dejado claro que aun ganando la Asamblea Nacional la oposición nunca podrá ejercer funciones.
Si en el 2018 no se fue a las elecciones presidenciales por falta de trasparencia, y esas condiciones siguen siendo prácticamente las mismas, ¿Cuál es la justificación para participar en las actuales elecciones parlamentarias? A menos que se admita el error de no acudir en aquella ocasión. Sin ideas claras, sin una hoja de ruta concreta el venezolano no va a votar más allá de lo que decidan hacer los principales partidos de oposición.
Los venezolanos no tienen intenciones de ir a votar en unas elecciones parlamentarias sin ningunas condiciones y con Maduro en el poder, sería el reconocimiento de los líderes de oposición de no poder materializar el cese de la usurpación, e intentar ir por los espacios que el chavismo les permita obtener. Es prácticamente aceptar el fracaso político, el voto no puede ser la única estrategia para enfrentar a un gobierno totalitario protegido además por diferentes agentes del crimen organizado internacional, lo cual hace nuestra situación aún más complicada.
Hay quienes proponen la vía electoral no porque crean realmente que se pueda salir del gobierno de esta manera, sino sencillamente porque algunos políticos buscan ganar cuotas de poder, o analistas y directores de agencias políticas que ganan mucho dinero cuando son contratados en campañas electorales. Existen varios intereses de quienes promueven elecciones, y no precisamente en razón de lograr solucionar los problemas del país.
La situación en el país es trágica, muertes por hambre, enfermedades y carencias de servicios públicos, hacen que la mayoría de los venezolanos no estén dispuestos a participar en un proceso electoral que no será una solución directa e implica soportar por varios años más al chavismo en el poder. Se necesitan explorar otras vías de acción para lograr el cese de la usurpación.
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