08 Mar El Salvador bajo la figura populista de Nayib Bukele: una promesa de campaña y una amenaza a la institucionalidad democrática
Josías Valle Guerrero
Los hechos acontecidos el domingo 09 de febrero de 2020 en El Salvador, en los que el actual presidente de ese país Nayib Bukele expresa una proclama en contra del Congreso de su país, por no apoyarle en la iniciativa para combatir la criminalidad trae consigo una crisis institucional. No es precisamente el flagelo de la inseguridad lo que pone en tierras movedizas a este país centroamericano. No es un secreto para nadie que la inseguridad y las organizaciones criminales amenazan sus estructuras ciudadanas y estatales. Esto es una realidad inobjetable.
Ahora bien, esta vez la crisis se produce debido a la acción de Bukele al no respetar la independencia de los poderes del Estado salvadoreño en cuanto a sus competencias. Por consiguiente, el consenso no existe por parte del Ejecutivo con el Legislativo.
Esta situación, le puede mermar grados de confianza en su gestión, con algunos sectores de la sociedad salvadoreña y con el sector político. Incluso, el partido que lo catapultó al poder: Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) no aplaudió la decisión de Bukele.
En este punto, hay que recordar como antecedente político que Bukele, perteneció a las bases del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN – izquierda). Fue alcalde de Nuevo Cuscatlán, departamento de la Libertad, gobernando el municipio entre 2012-2015. Fue alcalde de la comuna de San Salvador (capital salvadoreña) para el período 2015 – 2018 por medio la misma organización política. Posterior a ello, desertó de dicho partido, lo que le produjo grietas con sus miembros. Ir con un discurso en contra del Congreso y militarizar el hemiciclo el pasado 09 de febrero, no es buen ingrediente para materializar el objetivo que pretende: acabar con la inseguridad en ese país. El justificativo de Bukele es la no autorización por parte de la Asamblea para negociar un préstamo en dólares que sirva para financiar la fase III de su plan de seguridad pública. Dicho proyecto de seguridad está concatenado con la política de control territorial para luchar contra los grupos delincuenciales. Este proyecto se presta para tener mayor atención por parte de los salvadoreños, que ven en el Ejecutivo una “solución inmediata” al flagelo de la inseguridad. En términos políticos, es un juego de mal cálculo, en pro del discurso de su campaña para combatir de frente a la criminalidad.
El no tener mayoría en el Congreso, en el cual ARENA (Alianza Republicana Nacionalista -derecha) y el FMLN son mayoría, ocupando ambos el mayor número de los curules, sin duda que este escenario produce un contrapeso en su lucha contra la criminalidad. Han sido estos dos partidos tradicionales, los que han gobernado a El Salvador en los últimos 30 años, después del fin de la guerra civil en el país centroamericano.
No hay que dejar a un lado que El Salvador tiene elecciones legislativas y municipales en distintos períodos electorales, las cuales se estarán realizando el 28 de febrero de 2021, desarrollándose antes las elecciones generales el pasado 03 de febrero de 2019, en las que sale victorioso Bukele con un 53 % aproximadamente de apoyo, sin verse en la necesidad de ir a una contienda de segunda vuelta para la presidencia de la República, cuyo mandato lo inició el 01 de junio de 2019.
En ese caso, si Bukele a futuro logra ocupar la mayoría en el Congreso por medio de su partido (“Nuevas Ideas”); deseara no tener un embudo que le filtre su iniciativa del plan de seguridad. Ahora bien, independientemente de los períodos en los que se celebren las elecciones para elegir al Ejecutivo y al Legislativo en El Salvador, en la que el oficialismo tenga o no mayoría en el Congreso, las acciones de Bukele vienen a ser un mal precedente político en forzar el poder de Estado. La militarización del hemiciclo tiene el objetivo de presionar a los diputados para que cumplan una promesa de campaña, más no es una solución inmediata al flagelo de la inseguridad. Ello se traduce en un autoritarismo, por las características que dicho concepto conlleva en lo que respecta al control militar y fuerte control social (con un acompañamiento populista) que desembocan en una clara amenaza a la democracia de El Salvador.
Quizás lo de Bukele, es una jugada política de cara a las próximas elecciones Legislativas, para desacreditar a ARENA y a su antiguo partido: FMLN. De lograr que se apruebe su iniciativa, será un gran abanico para quedar muy bien posicionado con la mayoría de los salvadoreños, caso contrario; tendría que esperar las elecciones legislativas del 28 de febrero de 2021, para ver si su partido obtiene la mayoría, bajo su figura como presidente: «outsider»
Por lo tanto, el ocupar la silla del presidente del Congreso, luego de interrumpir con los estamentos militares y de seguridad en el pleno del Legislativo, es una clara señal de autocracia mesiánica, en la que bajo la figura de “divinidad celestial” se demuestra una simple centralización de poder y abuso del mismo; y una quimera para los ciudadanos que, apoyándole con sus acciones, se acobijan bajo el sentir del colectivo nacional que demanda mayores grados de seguridad ciudadana más no abona en lo absoluto a la institucionalidad del país y a la democracia misma.
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