12 May Venezuela y Estados Unidos (2001-2010): El chavismo-bolivarianismo como ente moral. Parte III
Jo-ann Peña Angulo
Este ensayo forma parte del estudio sobre el régimen político, la moral y el postulado de John Rawls justicia como equidad, cuya introducción fue publicada hace algún tiempo en Ideas en Libertad, http://ideasenlibertad.net/venezuela-y-estados-unidos-2001-2010la-moral-el-regimen-politico-y-la-justicia-como-equidad/.
En esta oportunidad me pregunto: 1. ¿Cómo saber si el gobierno venezolano como agente moral, libre e igual y bajo la impronta del chavismo-bolivarianismo, actúa racional o razonablemente? 2. ¿Cómo vincula el gobierno venezolano el problema del régimen y la moral en el socialismo del siglo XXI? Para responder ambas interrogantes recurrimos a la Venezuela del periodo 2001-2010, debido a los cambios políticos institucionales que marcan la transición de la democracia representativa a la democracia participativa.
Antes que nada debemos recordar que cuando John Rawls habla de la justicia como equidad –es decir una concepción reconocida y aceptada mutuamente por todos los individuos- distingue: a la sociedad bien ordenada, a la persona moral y a la posición original, -intermediario entre ambos-, cuyo fin es compaginar entre el modelo de concepción de una persona moral y los principios de justicia de una sociedad bien ordenada. De manera que, la posición original prioriza su función de organizar la forma en que los ciudadanos en una sociedad bien ordenada, podrían idealmente seleccionar los principios de justicia para su sociedad.
Por consiguiente, la concepción pública de la justicia de la política interna del gobierno venezolano bajo la impronta del chavismo-bolivarianismo se deriva: por una parte, de una de tradición política-moral inserta en la sociedad por años y avalada en su constitución política. Por la otra, ejercida directamente por el Estado o gobierno –durante 2001-2010- que al decretar leyes o disposiciones constitucionales, intenta moldear la ya mencionada naturaleza política-moral.
Aparentemente desde el ámbito jurídico-legal formal, podíamos hablar de una sociedad bien ordenada, pues se cumplían con los principios básicos del ejercicio democrático, incluyendo en este caso el referéndum[1] del 2 de diciembre del 2007, cuyos resultados al desfavorecer la reforma a la constitución, mantenia su naturaleza democrática, rechazando así las pretensiones del chavismo-bolivarianismo, de convertir a Venezuela en un Estado socialista.
Sin embargo, la centralización del poder absoluto en manos del Ejecutivo, la pérdida de autonomía de los poderes públicos, la toma progresiva de los medios de producción por parte del Estado, los deseos de imposición de los intereses colectivos ante los intereses individuales, la aprobación de leyes[2] y algunos ensayos referentes a la comuna y al sistema económico comunal, la nula voluntad de consenso por parte del gobierno, la búsqueda continua de interpretaciones progresivas de las leyes que traspasan las lindes de la misma carta magna, la distribución desigual de los ingresos petroleros, la personificación del poder, las violaciones[3] documentadas de los Derechos Humanos como la Lista Tascón en el 2005, entre otros, provocaban dudas razonables sobre sí Venezuela era o no una sociedad bien ordenada, la categoría rawlsiana o una sociedad bien ordenada modificada, según nuestra propuesta. Esto último debido a que no cumplía de manera taxativa el principio rawlsiano de la estructura básica.
A pesar que la propuesta del Estado socialista fue desaprobada por las mayorías, el chavismo-bolivarianismo, que ideológicamente transforma la naturaleza del Estado venezolano, se enrumbó en la construcción de la Venezuela socialista”, para lo cual implementa, entre otros mecanismos, la aplicación de los llamados cinco motores destinados para tal fin, desacatando la soberanía de la voluntad universal, expresada en las urnas mediante referéndum. Así en los poderes públicos y dependencias oficiales del Estado venezolano, puede observarse la adherencia a la construcción del socialismo del siglo XXI.
Observamos igualmente en el plano de las llamadas instituciones no formales como las costumbres, un clivaje moral dentro de los simpatizantes del chavismo-bolivarianismo respecto al significado de la democracia representativa, dicha circunstancia es acentuada por el desencanto, el resentimiento y unida al hábil juego de valores políticos difundidos por el gobierno, señala el quiebre político, ideológico y cultural de la sociedad venezolana.
Recordando las características básicas de la sociedad bien ordenada: la estructura básica y la prioridad de lo justo sobre lo bueno, afirmábamos que en Venezuela se cumplía en cierto modo la primera condición, no así la segunda. De tal suerte, que habláramos de una sociedad bien ordenada modificada. Ahora bien respecto a lo justo en Venezuela como sociedad bien ordenada modificada, se vincula tradicionalmente con aquello que está en la ley. Una constitución política que sirvió de apoyo al régimen democrático representativo, es el instrumento justo, legal y legítimo.
Sobre la idea de justicia
En una sociedad dividida y polarizada, política e ideológicamente como la venezolana por obra del chavismo-bolivarianismo, es difícil por no decir imposible, que se concuerde en aquello que es justo para todos aunque el disfrute de los derechos así lo señale. Por ejemplo, para el chavismo, la Constitución del 99 era la más justa de toda la historia de Venezuela mientras que para otros, no. Sin embargo, se convierte en la carta magna que rige el régimen formal y no formal del país como una especie de texto mesiánico. A pesar de esto, dicha constitución es violada y tergiversada reiterativamente por el Estado y gobierno venezolano.
Bajo este contexto una ley no es necesariamente justa ni compartida por todos, especialmente cuando se incluyen percepciones culturales, particularidades morales, adherencias políticas y anhelos personales. Da cuenta de esto por ejemplo, la decisión de expropiación de tierras por parte del gobierno venezolano, justa para los chavistas y nada justa para sus dueños, no solo debido a la violación del derecho a la propiedad privada.
En esta idea de justicia del chavismo-bolivarianismo, debe incluirse los valores y prácticas de vida, que animados desde el gobierno pero no sustentados en ningún instrumento legal, , modificaron la percepción de los ciudadanos hacia la democracia de antaño avalando incluso acciones como: el escarnio público para aquel que no piense igual, la obligatoriedad de asistir a los actos proselitistas del chavismo-bolivarianismo, la violencia hacia la clase económicamente pudiente, el resentimiento hacia los Estados Unidos, la animadversión hacia el capitalismo, entre otros.
Todos estos valores que suelen verse como triviales, van nutriendo las ideas de justicia en un sector importantísimo de la población venezolana, a la vez que se convertirá en el incentivo ideológico, que definirá la relación del régimen político con la moral. Así dentro de la sociedad venezolana, el régimen político léase democracia participativa –según la constitución del 99- estará asociada con dichos valores morales de justicia. De tal forma, que la concepción de justicia para el chavismo, estará más vinculada a lo racional que a lo razonable, en el sentido que para ellos la prioridad de lo justo sobre lo bueno, incluye la preeminencia del derecho amparado en la moral arraigada del socialismo, contraviniendo así la naturaleza democrática del régimen político en Venezuela,
Para aquella parte de la sociedad venezolana, que no comparte la idea de justicia del chavismo, el régimen político tendrá una valoración cercana a la injusticia. Aquí la prioridad de lo justo sobre lo bueno, supone a su vez la institucionalización de una moral muy distante a la de la democracia representativa, en la cual no siempre el derecho supone el bien. En este caso, los opositores al chavismo, percibirán el régimen político instaurados por estos con la injusticia, especialmente cuando el chavismo materializa su poder político vía decreto o leyes especiales, sea por habilitante presidencial o desde la Asamblea Nacional[4].
Es importante añadir que la concepción pública de justicia, es decir la prioridad de lo justo sobre lo bueno en regímenes no democráticos, supone un proceso de ideologización tal que se ignora racionalmente la idea de justicia del otro, de tal forma que resulta difícil compaginar entre las capacidades para el bien y la justicia del ente moral y los principios de justicia de la sociedad bien ordenada modificada.
El poder político e ideológico del chavismo-bolivarianismo, hábilmente configurará un sistema cultural en el que los derechos de los otros no importan dándose ahora una especie de colectivización de los derechos, los cuales siempre serán justos y buenos cuando beneficien a los simpatizantes del chavismo-bolivarianismo, aunque estos en algunos casos numéricamente sean minoría.
Sobre la idea del bien
Con respecto a la idea del bien, como lo más valioso, la democracia en el ámbito político es así percibida, pero ¿qué es lo más valioso para la sociedad venezolana del período en cuestión? En este sentido, para una parte de venezolanos, lo bueno está representado por el chavismo-bolivarianismo, como es bueno, entonces votarán las veces que sea necesario por dicha opción electoral, asistirán a sus mítines políticos y avalarán todo lo que dicha ideología haga o les anime a hacer –sea justo o no- pues para esta eso es bueno. Nótese aquí que se está hablando de lo racional no lo de lo razonable en la consecución del bien.
Para los ciudadanos que no comparten la ideología del chavismo, lo bueno es rechazar racionalmente el chavismo-bolivarianismo.. Rechazar al régimen político incluye votar en contra, asistir a mítines de los partidos políticos que se le opongan, reivindicar la importancia de la constitución como instrumento legal, denunciar atropellos a la libertad de expresión, investigar y divulgar sobre las pretensiones totalitarias del chavismo-bolivarianismo. En otras palabras: ellos actuarán racionalmente para alcanzar su idea del bien.
En Venezuela como sociedad bien ordenada modificada, no se da la prioridad de lo justo sobre lo bueno, es decir el derecho sobre el bien. Al contrario, se materializa la prioridad de lo bueno sobre lo justo, la preeminencia de la idea del bien sobre el derecho, postulado que forma parte por cierto del llamado Comunitarismo Político, defendido entre otros, por Michael Walter. No nos corresponde aquí estudiar dicho asunto. En todo caso observamos cómo la moral de la sociedad venezolana, se halla sometida a continuos clivajes y rupturas morales, gracias al proceso de ideologización del chavismo.
Siguiendo la definición de Rawls, el ente moral posee dos capacidades: la capacidad para un significado efectivo de justicia. Es decir, para actuar desde unos principios de justicia particulares que necesariamente no corresponde con los de la sociedad bien ordenada modificada y la capacidad para formar y conseguir racionalmente una idea del bien.
Debemos decir entonces que sí el chavismo-bolivarianismo tuvo 14 años continuos ejerciendo el poder político en Venezuela -según el período 2001-2010- es lógico que haya instituido valores morales dentro de la sociedad venezolana. Esto es importante resaltarlo especialmente si referimos la relación hombre-institución.
¿Qué es o será lo justo para el ente moral del chavismo? Lo justo es la democracia participativa, la Constitución de 1999 como instrumento legal, las leyes aprobadas vía decreto presidencial, lo justo es el socialismo del siglo XXI, este o no expreso en la carta magna venezolana. Es justo entonces para el gobierno venezolano bajo la impronta chavista, anteponer los intereses colectivos sobre los individuales. Esta idea de justicia no necesariamente concuerda con la de la totalidad de la sociedad venezolana; pero sí con gran parte de ella. Ahora bien sí lo justo está relacionado con los derechos y libertades, observamos fracturas morales y legales , que nos señalan tempranamente el camino de las prioridades conceptuales del gobierno venezolano.
Siendo la otra capacidad del ente moral, formar y perseguir racionalmente una idea del bien; nos preguntamos ¿qué es el bien para este ente moral? Lo bueno entonces puede venir dado por aquellas decisiones políticas racionales, que le son útiles para su continuidad y consolidación en el poder. Lo bueno para el gobierno bajo la égida del chavismo es seguir ejerciendo el poder y para eso debe ganar elecciones.
Para lograr su fin, no importa a qué elementos o estrategias populistas deba recurrir: las promesas, la creación de algún beneficio social, las mentiras, la presión laboral, entre otros. Es lógico entonces que para lograr la victoria presidencial, reconvierta los derechos del “otro”. En vías de esto implementa medidas y leyes que no resultan buenas para todos; pero que buscan la receptividad y el reforzamiento de la empatía política entre los ciudadanos, especialmente aquellos que se identifican con esta ideología. Como lo más valioso es mantenerse en el poder, es lógico entonces que el ente moral persiga dicho fin, no sin intención usa las banderas de la igualdad y justicia social, con la finalidad de recordarles a sus votantes, que gracias a ellos y a su «bondad», han logrado -aunque sea en apariencia- la tan anhelada “igualdad social”. Si el ente moral no cumplió no importa, pues ya ha impregnado al individuo con esa emoción. Notese entonces como la idea de proceso, entendido en el entorno moral del chavismo-bolivarianismo, en la relación líder-revolución, se instituye como parte del poder político.
Como el ente moral superior (la revolución) considera necesario todo lo que tenga que hacer al respecto, no dudará entonces de hacer uso de los dineros públicos para sus campañas políticas, ejercer el dominio mediático de radios y televisoras del país con cadenas propagandísticas, al mismo tiempo difundir masivamente libros, folletos entre otros sobre la figura del líder carismático, y las “bondades” del socialismo, desplegar afiches a todo color con consignas de su ideología, así como difundir los “beneficios únicos” de su régimen político. Todo esto busca dos objetivos concretos: continuar con el poder político y consolidarse ideológica y culturalmente.
Relacionados entonces los principios de justicia y del bien del gobierno venezolano como ente moral -amén de la posición original- con la concepción pública de la justicia de la sociedad bien ordenada modificada, resulta evidente el papel que cumplen las valoraciones morales dentro del juego político y viceversa. Es en la praxis misma del ente moral, donde emergen sus ideas del bien y la justicia, ideas que materializadas en acciones políticas, instituyen la moral de la política interna del gobierno venezolano y del chavismo-bolivarianismo, como un solo ente moral.
Continuará…
Fuentes
[1]La pregunta relacionada con el cambio del Estado democrático al socialista, se encontraba en el bloque A de preguntas. Aquí ganó la opción del NO con 4.504.354 votos, lo que representa un 50,7% sobre la opción del SI.
[2]Como las leyes aprobadas vía Habilitante presidencial, muchas de las cuales actuaron en deterioro de la concepción de lo justo sobre lo bueno.
[3] Recordemos lo que reza el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.” ONU, ONU, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, (1948[citado el 14 de junio 2010]): disponible en http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml En el caso venezolano debe anexársele el discurso antijudío usado por el presidente Chávez como vimos.
[4]Recordemos que a pesar que la oposición al gobierno obtuvo la mayoría en las elecciones parlamentarias, la nueva distribución de los circuitos electorales por parte del CNE, entre otros, no les permite ser mayoría en cuanto a votos en la Asamblea Nacional. Está situación por supuesto redunda en beneficio del chavismo-bolivarianismo, quienes al tener entonces la mayoría de los votos tienen la potestad de aprobar las leyes a conveniencia de la ideología en cuestión.
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