La libertad intelectual y sus nuevos enemigos. ANDREA PETÖ.

Traducción de Alejandro Molina Mendoza

Versión original: 28/02/2019 
https://www.project-syndicate.org/commentary/eastern-european-governments-attack-scientific-knowledge-by-andrea-peto-2019-02

 

Medidas recientes por parte de gobiernos de la Europa postcomunista, han creado un clima de creciente opresión intelectual. Y la desdemocratización de la educación superior y de la ciencia, en general, es sólo el primer paso para colocar a los expertos al servicio de objetivos anti-democráticos más amplios.

 

La exposición sobre la primera guerra mundial, que se exhibe en la Casa de la Historia Europea en Bruselas, ofrece a los visitantes una sorprendente perspectiva. En un simple pero ramático gesto, el museo ha colocado la pistola utilizada en el asesinato, en 1914, del Archiduque Franz Ferdinand en un armario con paneles de vidrio, justo en el centro del salón.

 

El guía turístico informó a nuestro grupo que, siguiendo un controversial debate, el museo había acordado cambiar los objetos exhibidos cada cierto tiempo, de tal forma que diversos países podrían exhibir sus reliquias históricas más valiosas. Pero cuando observé de mala gana que la pistola Gavrilo Princip utilizada en Sarajevo es irreemplazable, el curador respondió que cuatro museos europeos afirman tener la pistola auténtica en exhibición.

 

Así como respeto y defiendo la pluralidad de las tradiciones nacionales europeas, sólo una pistola, no cuatro, desencadenó el inicio de la primera guerra mundial. No podemos ser “pluralistas” e “inclusivos” cuando los hechos históricos dictan una única respuesta correcta a una pregunta. Tales cuestiones deben ser decididas por expertos quienes han sido rigurosamente educados en la historia (y entrenados en los recursos históricos) de una época determinada, y no por aquellos que poseen una agenda política.

 

Tal perspectiva puede parecer de sentido común. Pero los científicos, sus instituciones y la legitimidad del conocimiento científico por sí mismos, están bajo una creciente amenaza en muchos países europeos. Recientemente, gobiernos electos libremente bloquearon apoyo financiero para proyectos de investigación, sin ninguna explicación oficial (Bulgaria), quitaron programas educativos del listado de materias universitarias acreditadas (Hungría) e incluso, eliminaron disciplinas completas (Polonia).

 

Estos gobiernos están ignorando siglos de antiguas tradiciones universitarias que fueron respetadas, incluso, durante la era comunista. Pero los poderes tras tales decisiones no están interesados en el establecimiento de hechos históricos o científicos. Y están preparados para criticar, ridiculizar o, incluso, amenazar a aquellos que ya han adquirido tal conocimiento, o que desean hacerlo.

 

Debemos rechazar la noción de que los instigadores de estos ataques son ignorantes e incultos, y que no respetan la educación. Altos jerarcas del gobierno húngaro, que obligaron a la Universidad Central de Europa, fundada por el inversionista George Soros, a mudarse a Viena, y que prohibieron los estudios de género, previamente recibieron becas de la Fundación Sociedad Abierta de Soros para estudiar en Oxford, Nueva York y en otros lugares. Ellos son personas altamente educadas que saben que el conocimiento es poder, tienen una agenda clara y se están aprovechando del hecho de que la educación en la Unión Europea es responsabilidad de los gobiernos nacionales, no de las instituciones radicadas en Bruselas.

 

Estos gobiernos desean establecer un sistema educativo según el cual el Estado decide por sí solo cuáles áreas de investigación son necesarias y cuáles son socialmente importantes. A largo plazo, es probable que también deseen que el Estado otorgue el derecho de producir y transferir conocimiento a los políticamente leales.

 

En otras palabras, el acceso al conocimiento dejará de ser un derecho civil. Los políticamente confiables determinarán quién puede enseñar o estudiar qué acerca de un país y su pasado. Esto se entendería como la desdemocratización de la educación superior y de la ciencia, en general, y la colocación de “expertos” al servicio de objetivos anti-democráticos más amplios. Para prevenir lo que viene, debemos resistir lo pasado.

 

Las políticas científicas democráticas se elaboran bajo el principio de que el acceso a la ciencia es un derecho humano. Además, ellas asumen acertadamente que el conocimiento generado a través de un espíritu democrático de investigación es de mayor calidad que el generado por alguien que llega a ser un “experto” mediante relaciones políticas.

 

Muchas cuestiones en las ciencias sociales y en las humanidades poseen respuestas sencillas. A fin de cuentas, debemos aceptar los veredictos de expertos que han dedicado sus carreras a una temática particular, y no los de aquellos con puntas políticas para afilar.

 

Por consiguiente, debemos luchar contra la perturbadora tendencia de los gobiernos europeos que se dan a sí mismos el derecho a decidir sobre cuestiones científicas y a designar a los partidarios leales para actuar como árbitros de la verdad. Y debemos cuestionar si los nuevos institutos gubernamentales de investigación y sus universidades, con posiciones ideológicas, en algunos de estos países europeos, poseen un lugar adecuado en la red de universidades europeas e instituciones de investigación.

 

Los científicos sociales y otros académicos están, una vez más, a lo largo de la Europa postcomunista, en un clima de creciente opresión intelectual. No debe depender solo de ellos la defensa de la búsqueda democrática del conocimiento, contra aquellos que decidirían, por decreto gubernamental, qué pistola se disparó en Sarajevo.

 

 

ANDREA PETÖ es profesora en el Departamento de Estudios de Género en la Universidad Central de Europa y Doctora en Ciencias de la Academia Húngara de Ciencias. En 2018 fue reconocida con el Premio Madame de Stäel para Valores Culturales de Todas las Academias Europeas.

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